Colombia Confianza empresarial Mayo 2022

Colombia: Hernández y Petro se enfrentarán en segunda vuelta

Como se esperaba, el izquierdista Gustavo Petro triunfó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 29 de mayo. Sin embargo, el meteórico ascenso del populista de derechas Rodolfo Hernández al segundo puesto sorprendió a los analistas. Hernández casi triplicó su apoyo en poco más de dos meses, obteniendo el 28,1% del voto popular frente al 40,3% de Petro. La mayoría de sus derrotados oponentes de derechas le apoyaron tras el anuncio del sorprendente resultado. Los últimos sondeos para la última vuelta electoral, que se celebrará el 19 de junio, muestran a los dos candidatos finalistas empatados, con Hernández incluso superando a Petro en algunas encuestas.

El resultado confirma que la política colombiana está cada vez más polarizada: De ser elegido, Petro sería el primer presidente de izquierdas de Colombia, y Hernández sería un populista de derechas plantado en el corazón de los pasillos del poder del país. Dicho esto, es probable que ninguno de los dos candidatos pueda implementar cambios políticos radicales dado su limitado apoyo en el Congreso -opinión compartida por varios de nuestros panelistas, entre ellos la EIU, JPMorgan y Fitch Ratings-, lo que debería garantizar que el actual marco macroeconómico del país permanezca prácticamente intacto.

En general, se considera que Hernández es más favorable al mercado que Petro. Entre las propuestas que ha hecho Hernández están la sustitución del IVA por un impuesto sobre el consumo -que tendría un tipo impositivo más bajo, del 10,0% en lugar del 19,0%- y la eliminación del impuesto “4×1000” sobre las transacciones financieras. Por otra parte, Hernández afirma que ampliará la base impositiva luchando contra la evasión y el fraude fiscal. También quiere reducir el tamaño del Estado y vender algunos de sus activos. La dependencia de las hipotéticas ganancias, cuestionablemente grandes, de la lucha contra la evasión y el fraude fiscales, junto con la bajada de impuestos, puede obstaculizar los esfuerzos por consolidar las finanzas públicas y también suscita preocupación por la falta de claridad de su programa político.

En cuanto al sector energético, a diferencia de Petro, Hernández está a favor de nuevas prospecciones petrolíferas. La inversión petrolera se beneficiaría más de una presidencia de Hernández que de una de Petro, y una mayor producción de crudo también impulsaría las débiles balanzas por cuenta corriente y fiscal de Colombia.

En cuanto a las pensiones, es probable que el sector privado desempeñe un papel más importante bajo un gobierno de Hernández que bajo el de Petro. Hernández ha propuesto una renta básica universal para los ancianos, un impuesto a los pensionistas “privilegiados” y una reforma del sistema público de pensiones para que pueda competir mejor con el sector privado.

En resumen, una presidencia de Hernández conduciría probablemente a un Estado más pequeño que una presidencia de Petro, con recortes del gasto público y de los impuestos. Junto con sus propuestas de continuar la exploración de petróleo, esto sugiere que sus políticas pueden ser más positivas para el crecimiento económico que las de Petro. Sin embargo, los inversores tienen dudas sobre la falta de claridad de su programa político, y los recortes del gasto público también podrían generar malestar social.

En cuanto a las dificultades de la formulación de políticas tras las elecciones, independientemente de su resultado, Fitch Ratings explicó: “Cualquiera de los candidatos necesitaría alcanzar un consenso en el Congreso, donde ningún bloque tiene más de una quinta parte de los escaños en cualquiera de las cámaras, para aprobar la legislación. La coalición Pacto Histórico, que apoya la candidatura de Petro, tiene el 18% de los escaños de la Cámara de Representantes y el 20% de los del Senado, pero la Liga de Gobernantes Anticorrupción de Hernández prácticamente no tiene representación en el Congreso. Tanto Petro como Hernández han dicho que podrían hacer uso de poderes justificados por lo que consideran una “emergencia económica” para promulgar leyes por decreto durante un máximo de 90 días. Sin embargo, la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre tales decretos, lo que podría limitar su uso. Un banco central independiente y un sistema judicial autónomo también proporcionarán contrapesos al ejecutivo”.