Rumanía: El nuevo gobierno de coalición de Rumanía pone fin a la crisis política, pero preocupa la consolidación fiscal
El 25 de noviembre, tras dos intentos fallidos, el nuevo gobierno de coalición de Nicolae Ciuca obtuvo más del 70% de los votos en el Parlamento, poniendo fin a casi tres meses de crisis política tras la caída del gobierno de coalición de Florin Cî?u a principios de septiembre. La nueva coalición está formada por el gobernante Partido Nacional de la Libertad (PNL), de centro-derecha, y la Unión de los Húngaros (UDMR), que participaban en el anterior gobierno, así como por el Partido Socialdemócrata (PSD), de centro-izquierda, la mayor fuerza del Parlamento y hasta ahora principal partido de la oposición. La entrada del PSD en el gobierno es un acontecimiento importante que influirá en las decisiones económicas, sobre todo en la política fiscal, ya que el control de varios ministerios clave -entre ellos el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transportes e Infraestructuras- pasará a manos de los recién llegados. Ya se han manifestado inquietudes por la deficiente gestión de las finanzas públicas del partido, lo que podría repercutir tanto en la calificación crediticia del país como en su acceso a los fondos de recuperación de la UE. Por encima de todo, el nuevo gobierno se centrará en hacer frente al cuarto y más grave brote de Covid-19 en el país, y se ha comprometido a vacunar a 10 millones de personas en un plazo de tres meses. Otros objetivos son mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante una mayor recaudación de impuestos -principalmente luchando contra la evasión y reduciendo el despilfarro presupuestario-, aumentar la competitividad de las empresas mediante planes de ayuda, promover las exportaciones rumanas para reducir el déficit comercial, apoyar el crecimiento de la producción agrícola y mejorar las infraestructuras viarias. Aunque los objetivos fiscales globales se mantienen prácticamente inalterados -con el objetivo de reducir el déficit fiscal al 3% del PIB en 2024-, el nuevo programa de gobierno para 2021-2024 prevé notables aumentos del gasto social: Entre otras cosas, las medidas incluyen una subida del salario mínimo, un aumento de las pensiones y las cotizaciones y la ampliación de las ayudas para el cuidado de los hijos.
Los analistas de la EIU destacan que, aunque se espera que el nuevo Gobierno aporte cierta estabilidad a la escena política rumana, el pobre historial del PSD en materia de política fiscal y la ausencia de un partido reformista en la coalición perjudicarán la formulación de políticas: “La calidad de la formulación de políticas se deteriorará. Los anteriores Gobiernos del PSD se caracterizaron por una escasa disciplina fiscal, y Rumanía ya había sido sometida al procedimiento de déficit excesivo de la UE antes de la pandemia de coronavirus. La nueva coalición ya ha acordado […] un paquete global de bienestar social que se espera cueste alrededor del 1,0% del PIB. Los avances en las reformas administrativas y la lucha contra la corrupción también se estancarán bajo el nuevo gobierno. La presencia del reformista y anticorrupción USR en el gobierno anterior actuó hasta cierto punto como freno al gasto público y al clientelismo local. En el futuro habrá menos controles contra estas tendencias”.
La mala gestión de las finanzas públicas, así como el incumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del plan nacional de recuperación y resiliencia del país -esencial para desbloquear la financiación con cargo al fondo de recuperación de la UE- suponen una amenaza para el crecimiento y entrañan el riesgo de rebajas de la calificación crediticia en el futuro. A principios de septiembre, Fitch Ratings señaló que el incumplimiento de la senda de reducción del déficit propuesta sería el principal riesgo para sus previsiones de deuda, mientras que tanto Moody’s como S&P Global Ratings se hicieron eco de las preocupaciones de Fitch en sus decisiones más recientes de octubre: Ambas agencias hacen especial hincapié en la senda de consolidación fiscal del Gobierno, al tiempo que citan unas brillantes perspectivas de crecimiento, que no obstante dependen de la entrada prevista de fondos de la UE. Rumanía, cuyo plan de recuperación y resistencia no se aprobó hasta finales de septiembre, sigue a la espera de recibir el primer tramo del total asignado. Funcionarios de la PSD ya han mencionado la renegociación de las condiciones del plan, lo que podría retrasar aún más el desembolso de los fondos y perjudicar potencialmente las perspectivas del país.